El reguetonero Ñengo Flow fue arrestado anoche en Ponce como parte de un operativo para desarticular a tres organizaciones que se dedicaban al tráfico de armas ilegales y sustancias controladas en Aguadilla, Arecibo, Mayagüez y Ponce.

Al momento del arresto, a José Santiago Soto -nombre de pila del cantante- se le ocupó un arma de fuego ilegal y una considerable cantidad de cocaína en piedra y marihuana, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

A Ñego Flow se le vincula a las organizaciones criminales, en las que también estaban envueltos los acusados Raymond Pérez, Eliezer Santiago Cuevas, Manuel Vázquez Collazo y Julio A. Pérez Quiles. Estos últimos fueron arrestados hoy en el operativo del Departamento de Justicia, en cooperación con la Policía de Puerto Rico y el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF).

En total, son 11 acusados por los mismos cargos. El juez Iván Román González, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, encontró causa por 65 cargos por infracciones a la Ley de Armas y les fijó una fianza global de $8,500,000.00.

El fiscal Joseph E. Esparra Álvarez, a cargo de Casos de Drogas en la Fiscalía de Aguadilla, informó que “al diligenciar la orden de arresto contra Raymond Pérez, la Policía de Puerto Rico ocupó la cantidad de 1,480 y cinco bolsas de cocaína, 67 bolsas de marihuana y cinco balas calibre .40. Por estos hechos la Fiscalía presentó cargos adicionales, recayendo una determinación de causa probable para arresto, fijándose una fianza adicional de $800,000.00”.

De junio de 2008 a enero de 2009, la División de Drogas y Narcóticos de Aguadilla introdujo un agente encubierto que logró realizar nueve transacciones de armas de fuego y municiones con 11 personas relacionadas a estas bandas organizadas. Entre las armas obtenidas como parte de estas transacciones, se encuentran pistolas automáticas, una escopeta recortada, un rifle AK47 y varias armas con series mutiladas. El valor total en el mercado de las armas ocupadas asciende a $14,390.00.

De acuerdo con la prueba levantada por la Policía de Puerto Rico, el fiscal Esparra dijo que “se pudo corroborar que las armas de fuego ocupadas fueron utilizadas en la comisión de varios crímenes violentos en la jurisdicción de Ponce”.

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